La instrucción del gerente del PSOE andaluz a sus agrupaciones exigiéndoles contribuir al mantenimiento del partido ilustra el duro momento que, tras la reciente debacle electoral, vive la que durante tantos años fuera primera organización política regional. Se vuelve a poner en evidencia, pues, por una parte, la necesidad de regular razonablemente la financiación de los partidos, y por otra, la urgencia de moderar el gasto partidista que, en última instancia, se paga con dinero público. Los cálculos dicen que, en efecto, tras perder tan estrepitosamente las elecciones autonómicas, el PSOE-A dejará de recibir del Parlamento autónomo 300.000 euros anuales, o sea, un millón sobrado durante la legislatura. Regular con rigor esta financiación supondría eliminar el gasto suntuario tanto como poner coto a la corrupción que éste provoca.