Pregunta en la calle

No se puede estar conforme con el drástico debut exactor del Gobierno. A pesar de lo que proclamara Tierno, los programas electorales están para cumplirse y no para invertirlos al día siguiente de ocupar el poder. Ahora bien, la pregunta es qué puede hacer un Gobierno –cuya extrema dificultad acepta todo el mundo– si se encuentra, encima, con que el Gobierno anterior había falseado las cuentas de manera que el déficit público ha resultado no ser del 6, como aseguraba el anterior, sino del 8 por ciento, y la respuesta es, probablemente, que nada distinto de lo que ha hecho, aparte de lo que venga. Pero hay todavía una pregunta y se refiere a la responsabilidad de los políticos que falsean las cuentas, esconden la deuda o falsifican facturas cuando no despilfarran en gastos incalificables. Y la pregunta es ésta tan elemental: ¿qué le ocurriría a un empresario particular si falseara el balance, ocultara sus deudas o falseara facturas? Pues ignoro con qué pena, pero no me cabe duda de que sería sancionado gravemente por cualquier tribunal, como probablemente lo sean en su momento un ex-ministro presuntamente cohechador y un miembro de la Casa Real al que se atribuyen prácticas empresariales intolerables. ¿Que son las flamantes autonomías del PP las responsables del agujero? Bueno, y qué: sea quien sea el culpable –y no es verosímil que las autonomías del PSOE o las nacionalistas leviten por virtuosas– lo cierto es que el Gobierno ha ocultado el desastre hasta que ha perdido las elecciones y eso cuesta entender que, en el caso de que no sea constitutivo de delito, no implique al menos una responsabilidad grave.

Porque aquí no sólo vemos a un Gobierno falsificar las cuentas públicas, sino que han dejado de ser noticias las facturas impagadas encontradas en las gavetas para pagar las cuales hay Ayuntamientos –como el de Sevilla– que viene aprobando uno tras otro créditos para poder abonarlas a los acreedores. ¿Y nadie es culpable de ese disparate, o es que hemos de conformarnos con la absurda teoría de que la pérdida de las elecciones vienen a ser como un rito lustral tras el cual quedan limpias todas esas manos negras? Se pregunta el personal, con razón, por qué rige esa impunidad para los políticos en los mismos supuestos en que los particulares son castigados con implacable severidad. Y por qué el Gobierno sorprendido por el estafón contable no acude al fiscal para que opine sobre qué habría que hacer con esos administradores desleales para quienes, al parecer, no cuenta la Ley. Rajoy debería hacer algo más (si puede, que ésa es otra) por darle cumplida respuesta a esta justa y lógica inquietud ciudadana.