Aumenta el número de ciudadanos (contribuyentes, para entendernos) que se pregunta por la responsabilidad de los gestores políticos. ¿Cómo podría ser de otra manera si se enteran de que una costosísima tuneladora es malbaratada sin estrenar por la imprevisión o ineptitud de quien corresponda o que el concurso para renovar la flota imprescindible para enfrentar los incendios del amenazante verano que se aproxima se queda en papel mojado? No hablamos siquiera de los saqueos, que ése es otro cantar, pero va imponiéndose en la opinión la demanda de una normativa que garantice en la Administración que el que la hace, la pague. El gasto público no debería seguir privado de esta garantía legal sin la cual la Administraciones Públicas sobreviven funcionando como huertas sin vallar, y los malversadores, además de los ineptos, siguen durmiendo a pierna suelta en la covachuela de su impunidad.