El contribuyente andaluz y español tiene delante, en este momento, una variada gama de inexplicables situaciones políticas e impunidades incomprensibles. La de las facturas falsas, desde luego, que hace preguntarse a mucho religioso pagador a Hacienda por qué no van al trullo quienes justifican gastos con ese inconcebible expediente en un Ayuntamiento como el de Sevilla, en una cueva el de Marbella o en una trama como la de Cádiz. Pero luego está el volumen de los “pelotazos”, de los conocidos y de los que tal vez acabemos conociendo, fortunas que, en el caso del “asesor” marbellí sería hoy la cuarta de España, según los criterios empleados por ‘Forbes’, con sus 2.400 millones de euros mangados en tan sólo 14 años. Hemos llegado a un punto en que sería necesario que la autoridad hiciera algún ejercicio público de aclaración de este berenjenal y, de paso, algún gesto de restitución que no fuera ése, tan obvio como poco creíble, que ha propuesto la Junta en Marbella. Esto ya no es una situación lamentable sino un escandalazo que la democracia no puede soportar sin esos apoyos imprescindibles.