Medios y fines

Una característica de los gobiernos socialdemócratas recientes es que producen leyes benéficas y progresistas pero de difícil o imposible aplicación por falta de recursos económicos. Un caso mil veces repetido fue el de la LOGSE célebre, una ley que, más allá de su lenguaje solecista, invadía a saco las rutinas tradicionales y abría perspectivas prometedoras en una enseñanza que arrastra demasiada ganga romántica a pesar de los múltiples planes de reforma que ha padecido. Pero hay otros muchos casos, entre ellos uno que est`s días trae en un sinvivir a media España a propósito de la implantación de esas drásticas medidas coercitivas con que el Gobierno se propone frenar la sangría del tráfico de una vez por todas, no sólo a base de penalizar con la sisa de puntos el carné del conductor imprudente, sino con la estupenda medida de tipificar en el Código Penal la conducción temeraria de aquellos insensatos que circulen bien a mayor velocidad de la permitida, bien bajo los efectos del alcohol. Y bien, resulta que esta ley que tanto consenso ha despertado entre la ciudadanía peatonal e incluso entre la otra, la motorizada (véanse las diversas encuestas para comprobarlo) bien (quiero decir ‘mal) podría aplicarse a rajatabla habida cuenta que la previsión estima que los sancionados penalmente por la nueva norma serían por lo menos 80.000 y no hay que ser una minerva para discurrir que en nuestras abarrotadas cárceles, que ya están hasta las trancas desde hace tiempo, no cabría ni de lejos esa irresponsable legión. Otra ley en papel mojado, pues, otro fiasco para la opinión pública que no se explica cómo es posible que el Gobierno no calcule los efectos de las leyes antes de sancionarlas y más en un caso tan elemental como éste que anuncia el encarcelamiento irremediable de miles de ciudadanos. ¿Qué hará la Justicia, aplicar la norma caiga quien caiga, enviar a la ergástula colmatada a los malos conductores, o bien adecuarse como quien no quiere la cosa a la realidad –fíjense qué contrasentido: una ley incompatible con la realidad—y hacer la vista gorda a la hora de la ejecución de las sentencias? También es verdad que a los pobres jueces les ha caído encima la del tigre con esta tendencia del Poder a endosarle marrones tan graves como esa propuesta de prevaricación subliminal de pasarle la mano a los etarras o ahora con esta encerrona de los delincuentes de la ruta.

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Hacer leyes de cumplimiento problemático o, sencillamente, imposible, no es solamente un despropósito sino un ataque fatal a la seguridad jurídica. No recuerdo la frase exacta, pero sí el sentido del aviso de que daba Richelieu a sus ministros cuando sostenía que hacer leyes y dejar luego de ejecutarlas supone ni más ni menos que autorizar aquello que se pretendía prohibir. Fíjense en este caso sin ir más lejos: tipificar como delito aquellas infracciones de tráfico y dejar en la calle a los condenados vendría a provocar sin remedio el efecto contrario al pretendido, a saber, enviar a la opinión el mensaje de que conducir a velocidad o bebido en exceso es algo que, en definitiva, puede hacerse con toda tranquilidad habida cuenta de, que por encima del incidente procesal que sea, el resultado será la impunidad total pro falta de plazas en las prisiones. Razón por la que puede que el remedio acabe siendo peor que la enfermedad y la nueva ley añada confusión al temible panorama actual sin aportar beneficio alguno. Aparte de todo lo cual, habría que ir planteando la cuestión general que, a mi entender, resulta más preocupante, esto es, la evidencia de que el incremento exponencial de los delitos hace tiempo que dejó fuera de juego a un sistema penitenciario acostumbrado a convivir con su propia miseria. No deberían promoverse normas que no puedan ponerse en práctica, es dañino para la sociedad radicalizar el trato penal cuando no se dispone siquiera de calabozos suficientes. Puede que la nueva norma amplíe al Parlamento y al Gobierno la celebrada convicción de que la Justicia es un cachondeo.