La Junta no sabe qué hacer con los menores que le llegan del extranjero y el Gobierno, por toda respuesta, dice llamarse Andana. Es una situación insostenible que hay que relacionar con la que padecen esos menores maltratados que con escalofriante frecuencia aparecen en las noticias. Y por el otro lado, los ancianos. Tampoco parece que sepa qué hacer la Junta con ellos, ni cómo controlar sus residencias y menos aún de qué modo protegerlos contra las crueldades o la brutalidad de los propios allegados. El teléfono de atención a los mayores maltratados ha visto duplicada las llamadas durante el primer semestre, pero es evidente que los casos revelados son muy inferiores a los que, por desgracia, ocurren a diario. Hay mucha responsabilidad pública en todo ello, no cabe dudarlo, pero también es preciso asumir que este drama de los más débiles no se resuelve sólo con providencias públicas, es decir, sin la implicación activa de los ciudadanos. La Junta tendrá los fallos que se quieran, pero ella no ha hecho esta sociedad tal como es.
La Junta, y sus señoritos mayores, también es responsable de la infumable Ley del Menor vigente. Esa que a un bestiajo con diecisite añitos y nueve meses, sigue llamando «niño» y aplicándole todas las rebajas que el buenismo imperante otorga cuando te asalta a cuchillo para gasola pa la amotillo pedorreante -que por cierto, no necesita carné ni puntos para amargar la siesta de un madrugador o la agonía de un moribundo y por tanto no es objeto de persecución por munipas o teresitos- o desguaza a la familia en pleno con la catana por experimentar sensaciones novedosas. Nos ha merengao.