Garantías obviadas

Hoy es sabido de sobra que la consulta a los organismos superiores del Estado se los pasan los políticos por el arco amplio de su albedrío. Proyectos legales de grave impacto social son “dictados” por el ministerio respectivo y aprobados por el Gobierno en pleno al margen por completo del Consejo de Estado y del Sursum Corda. La nueva presidente de éste último acaba de rematar esa tendencia proclamando que es respetable que, si no es preceptivo, esos dictámenes se salten como trámites inútiles y a otra cosa. Algo nuevo, porque cuando la Junta andaluza hizo lo propio con la Ley de Reforma Agraria (que no era vinculante) recuerdo que vio trabado durante un tiempo su proyecto, obligada –“sí o sí”– a realizar la consulta. Esto ya no es, como pueden comprobar, ni siquiera lo que era. Así nos va y peor, sin duda, ha de irnos.