CCOO ha denunciado una situación que debería hacer reaccionar a la autoridad, por más complejo que el tema sea, y sin descontar la propia responsabilidad sindical. Se trata nada menos que de la denuncia de que la economía sumergida –el trabajador figura adscrito a un empleo o está en paro pero trabaja realmente—ha subido en Andalucía hasta constituir, al menos en el sector textil, el 50 por ciento de la actividad. Esta es otra asignatura pendiente de nuestra política laboral de la que nadie ha querido enterarse nunca pero que en plena crisis, al margen de la ayuda que pueda prestar a sus ilegales beneficiarios, complica seriamente las cosas. El Gobierno y la Junta deben entrar en ese antro incompatible con una economía social que pretenda progresar.