El Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), órgano de gobierno de los jueces designado a dedo por los partidos, ha abierto diligencias disciplinarias contra la juez Mercedes Alaya por declarar en público lo que medio mundo y buena parte del otro medio sabe de coronilla: a saber, que los jueces son independientes “ma non troppo” y que la Justicia no podrá alardear de ello mientras los fiscales estén subordinados jerárquicamente al Gobierno, es decir, al partido en el Poder. Total, otra evidencia prohibida, a pesar de que no son pocos los magistrados que sostienen lo mismo que ella, y un empleo dudoso de la medida, puesto que cuando Alaya fue desconsideradamente tratada desde el propio gobiernillo de la Junta no movió un dedo para defenderla. Al Consejo se le ve el plumero a la legua y casi a ojos cerrados.