El abogado del Estado que dirigió el Gabinete Jurídico de la Junta le ha dicho al tribunal que juzga el “caso ERE” que el procedimiento presuntamente ilegal que permitió aquella cuchipanda no contó en ningún momento con su informe jurídico –preceptivo, ojo— que el alto mando jamás requirió. ¡A ver para qué tantos informes! El “régimen” nunca ha sido demasiado respetuoso con las formalidades jurídicas, que ha considerado por sistema supeditadas al superior criterio de los políticos. Y cabe preguntarse si, de haber solicitado esos informes, se hubiera podido evitar el chorro de millones perdidos pero, en cualquier caso, queda clara –¡y agravada!– la exclusiva responsabilidad de esa dirección política. No es la primera vez que va a la fuente ese cántaro que la rotunda autodefensa de los juristas acaba de hacer añicos.