Está en el aire el debatillo –nuestros debates culturales no son casi nunca de envergadura– abierto por Cultura con su proyecto de reabrir la taquilla en la puerta de los museos andaluces. ¿Debería pagar el ciudadano por utilizar un bien público, no equivaldría eso a pagar dos veces teniendo en cuenta que esos bienes son gestionados por una Administración que dispone de un presupuesto, se supone que adecuado, y que se nutre de los impuestos que pagan los ciudadanos? ¿Por qué pagar por el uso de un bien que, aunque cuesta mantenerlo no se gasta con el uso? Teniendo en cuenta que a la Administración –en este caso a la Junta autónoma– se le asigna anualmente un presupuesto para atender a sus necesidades, ¿qué sentido podría tener que cobrara al usuario lo que éste había pagado ya como contribuyente?

Se entiende la fácil tentación de los administradores de apañar recursos exprimiendo a quien sea, pero me temo que sobran razones para oponerse a semejante abuso. Una de ellas, la impropiedad que supone, en principio, gravar un consumo cultural ciertamente precario. Otra, de sentido común, que hay museos y museos, verán, que una cosa es que te cobren por visitar el Louvre o el Metropolitan y otra muy diferente que debas pagar por acceder a uno de nuestros modestos museos provinciales. Sé que hay quien preferiría que una generosa institución como el British Museum cobrara para evitar la masificación que produce el boom turístico (sé de lo que hablo porque lo he padecido hace sólo unas semanas) , pero eso es algo que, además de socialmente discriminatorio, podría resolverse simplemente con establecer un aforo máximo. ¿Que el pago obligatorio reforzaría la estima pública? Ésa es otra presunción que discriminaría igualmente al contribuir a la consolidación del elitismo cultural.

El mantenimiento y la difusión cultural es una función del Estado a través de sus instituciones, lo mismo que lo es la gestión de la sanidad pública, el mantenimiento urbano o la seguridad ciudadana. ¿Qué sentido tendría, entonces, pagar por la asistencia de un sistema público de salud, por el socorro de los servicios de bomberos o por el auxilio de la policía ya sufragados por nuestros impuestos? Otra cosa es imponer el pago a los visitantes foráneos en cuyos países o comunidades autónomas de origen también se nos impone el pago a nosotros, es decir, gravar a los no cotizantes con cuyas instituciones no existan convenios de reciprocidad.

Porque el auténtico problema de una administración cultural no puede ser  otro que el de mantener y mejorar la oferta, facilitar al ciudadano el trato con la cultura, lo que, entre otras cosas, exigiría descartar el criterio político habitual que considera a la Cultura como una necesidad prescindible o, cuando menos, secundaria. ¿O no es verdad que los museos andaluces son manifiestamente mejorables y en no pocos casos residuales? En una tierra favorecida por un turismo galopante y en la que los niveles culturales dejan mucho que desear, parece que lo lógico no es gravar la débil demanda cultural sino compensarla con una oferta digna y creciente. En Málaga se ha demostrado que ello es no sólo posible sino rentable, sobre todo en un Museo Picasso de financiación mixta que, en cierto modo, está sugiriendo un modelo de futuro. Lo que no puede ser es que Cultura siga siendo la benjamina desheredada del festín autonómico, esa “maría” que injustamente ha sido maltratada siempre por el autogobierno.

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