Se acordó ayer en el Consejo de Gobierno de la Junta el anteproyecto de ley de la Función Pública que tratará de encauzar, por fin, el desbarajuste que, al socaire de la vieja norma aprobada a mediados de los 80, ha embargado durante más de treinta años a la Administración autónoma. Muchos agujeros provocados por la arbitrariedad y el abuso político partidista deberá cerrar esa norma nueva que parece que se propone dignificar la labor de los trabajadores públicos reservándoles lo que legalmente les corresponde en exclusiva, al tiempo que trataría de minimizar la problemática de la llamada “Administración paralela” derivada del interés o el capricho político. A la vieja Ley hay que endosarle, en gran medida, no pocos de los actuales problemas y las más desafortunadas disfunciones que afligen a nuestra vida pública.

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