Los políticos de esta partitocracia conciben la función pública, no como una garantía de la Administración, sino como un instrumento sumiso a sus deseos. Escuchen al recién imputado por la golfería de los ERE y las prejubilaciones falsas, el último director general de Empleo, espetarle a una funcionaria que se resiste a delinquir vulnerando la legalidad: “Si faltas a la relación de confianza, prescindiré de ti”. Tres cuartos de lo mismo que tuvo que escuchar de su directora el funcionario recto de Invercaria: o tragas o a la calle, la legalidad es para los demás, para “los otros”. Cuando Zoido sugiere la posibilidad de que estas golferías puedan obligar a Griñán a convocar nuevas elecciones, sabe bien lo dice. Por algo es magistrado.

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