El caso de la aplicación forzosa de la ley de Muerte Digna de Andalucía, ordenado por la Junta a un hospital onubense a petición de los familiares de una enferma terminal, prueba que este tipo de decisiones no dejará de ser conflictivo porque una norma legal las regule. Hay que considerar lo que supone que en Andalucía exista ese derecho todavía no asumido por el Congreso, hecho en el que unos ven el mérito pionero y otros el absurdo de que unos españoles tengan derechos de los que otros carecen. Lo que, en mi opinión, constituiría un dislate sería enconar esos criterios divergentes provocando una tensión que a nada bueno conduce aunque pueda provocar graves inconvenientes.

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