Una cosa es un “tribunal autonómico” (así se acaba de anunciar el proyecto de la Junta) y otra un tribunal creado, nombrado y controlado por la Junta. Es una buena idea despejar el trabajo de los jueces desviando a ese nuevo estrado los miles de casos, contencioso-administrativos, en su mayoría generados por la propia insolvencia de la Administración autónoma. No lo es que ese nuevo tribunal se cree por decreto, sea nombrado por la Junta a su gusto y, en consecuencia, permanezca bajo su control efectivo. Habría muchos menos casos de esa índole si la Junta funcionara normalmente (si los recursos de reposición, por ejemplo, no fueran denegados por sistema o si los casos similares se atuvieran a un criterio único). Pero imponer un tribunal por decreto es dejar el gallinero en manos de la zorra.

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