La apertura del nuevo curso escolar se ha visto inquietada por una novedad que, en realidad, se veía venir y que no es nueva en absoluto: la crisis demográfica, el parón de la natalidad que parece confirmarse en nuestras sociedades. Hasta se ha registrado el dato no poco explosivo de que se producen ya más muertes que nacimientos, lo que, más allá del riesgo del envejecimiento de la población, apunta de modo fatal a un fracaso de la propia vida. No será para tanto, probablemente, pues los muchos recursos de que –derivados del vertiginoso desarrollo tecnológico– dispone hoy la organización social, pero qué duda cabe de que esa alarma bien merece una atención preferente. ¡España se despuebla!, claman y repiten demasiadas voces que, en muchas ocasiones, parecen creer que nos está ocurriendo una desdicha inaudita. Y no es así. No lo es porque la denuncia y el lamento por la despoblación de España es casi un tópico español, al menos desde que en el siglo XVII aquellos “arbitristas” de los que tan agriamente se burlaron Cervantes o Quevedo entre otros, levantaron su voz, en muchos casos nada “arbitraria” sino más que discreta, protestando el riesgo cierto que para la nación española representaba el vaciamiento de sus campos cuyo correlato no era otro que la aglomeración urbana.

No demoraré en un tema clásico en el que ya dijeron lo preciso maestros como Jean Vilar, Michael Gordon o Jean Paul Le Flem entre otros, sino para recordar que esa queja hodierna tiene ya varios siglos y que –especialmente a finales del primer tercio del XVII—un auténtico coro de sabias voces aconsejaron a la Corona con un argumentario tan razonable como reiterativo, en el que, sin duda, el motivo primero de la crisis española no era otro que la despoblación del país.

Lean a Sancho de Moncada, a Miguel Caxa de Leruela o a Pedro Fernández Navarrete (fallecidos, curiosamente en la misma década) clamar contra la penuria poblacional y ofrecer, con su consejo, los consabidos “remedios”: el control de la migración interior y el fomento de la inmigración extranjera, la limitación del número de ociosos –altos y bajos— que parasitaban las ciudades y los caminos, la reducción de la mendicidad “profesional”, la incentivación de la economía agraria, el vigilancia de los precios y hasta el recorte del exceso festivo que embriagaba a ambas Castillas. Junto con Navarrete, es quizá Moncada el crítico que con mayor rigor denuncia “las causas a que se carga el daño general de España”, lamentando el abandono de la labranza causado por las malas cosechas, el éxodo hacia la Corte, la fiscalidad excesiva y hasta la sobreabundancia de clérigos. Hay que respetar “el derecho divino o natural” a residir allí donde cada cual pertenece, ni más ni menos que porque “no habiendo gente no hay reino”, peligrará la defensa y han de escasear los oficios útiles. Se despuebla la nación, según Leruela, por el primado del oro y la plata sobre el producto agrario tanto como por la holganza, los altos pechos que gravan al campo, la competencia extranjera y el despilfarro y la “alteza” de los precios básicos.

Nuestros actuales “repobladores” acaso ignoran que su queja es tan antigua y que, hoy como ayer, fue siempre ignorada.

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