Pedir en público la responsabilidad de la Junta “por acción u omisión en un presunto caso de corrupción urbanística (¿) y económica” en el Ayuntamiento de Ayamonte, con base solamente en el registro que la Guardia Civil practicó días atrás en las oficinas de la institución por motivos tan distintos como banales, no beneficia sino que resta credibilidad al PP. Sencillamente porque lo ocurrido en Ayamonte fue una barbaridad, un caso de escandalosa desproporción entre el hecho investigado y los medios que se utilizaron, aparte de una irresponsable manera de contribuir al descrédito de la política, en esta ocasión por un  quítame allá esas pajas de 300 euros. Claro está que quien no podrá quejarse es el PSOE, después de auténticas canalladas como la falsa denuncia de las llamadas eróticas desde el Ayuntamiento de la capital y tantos otros camelos, flor de un día. Pero un mal no cura otro. El PP debe retirar esa falsa acusación que sabe de sobra que carece de fundamento.

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