Me comenta un ilustre letrado la situación de una Junta que tiene imputados ya a decenas de altos cargos e incluso uno o dos presidentes en el punto de mira de la juez instructora. Cree él, como juristas, que tal vez estén dándose las circunstancias que justificarían una intervención de la autonomía por parte del Estado, solución extrema pero, bien pensado, no poco lógica. Todo indica, en cualquier caso, que la juez está llegando donde quería y que lo más probable es que más pronto que tarde dispare hacia arriba y cierre, en consecuencia, la instrucción. ¿Qué podría hacer la Junta si Griñán (y quizá también Chaves) son finalmente imputados? La hipótesis de mi amigo jurista es, desde luego, de las que quitan el sueño.

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