La grave imputación judicial del secretario de Finanzas de Comisiones Obreras (CCOO) y de una directora general de la consejería de Empleo por haber empleado una partida de 600.000 euros en pagar a sus “manifestantes” contra el Gobierno las facturas de viajes, comidas y pancartas, da una idea de cómo se las gastaban en ese departamento de la Junta. Pero también de la implicación de los “sindicatos concertados” en las mangancias, presuntas o demostradas, que genera el “régimen”, aparte de la evidencia de que las demostraciones de protesta son, en buena medida, turismo sindical. La corrupción ha calado hondo en esta sociedad políticamente enferma que precisaría de una fuerte catarsis antes de que se gangrene por completo.

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