En Andalucía, al menos, el problema de las urbanizaciones ilegales ha dejado de ser un coco municipal. ¿Qué hay en algún lugar unos miles de viviendas ilegales o locales construidos sin licencia? Pues se legalizan y a otra cosa. ¿Qué resulta caro, tal vez prohibitivo, para muchos de los afectados? Pues la Junta los compensa por su compensación al Ayuntamiento y santas pascuas. No hay problema: ni en Marbella, ni en Chiclana, ni en Córdoba: no hay más que legalizar lo ilegal, por más que con eso se esté consagrando la trampa urbanística que habrá forrado a unos cuantos a costa de todos. Hay quien pregunta qué se podría hacer si no ante casos como los citados. Lo lógico y riguroso sería preguntar si los infractores y sus cómplices no habrían contado ya con esta solución futura, quién sabe si incluso acordándole bajo cuerda. Porque en adelante será poco equitativo sancionar a quienes repitan operaciones como las ahora subsanadas. Y porque el Poder debe mantenerse en lo posible absolutamente a salvo de este tipo de corrosivas pero lógicas sospechas.

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