El Ayuntamiento de la capital andaluza, Sevilla, acaba de proceder, a bien pocos telediarios de las elecciones, al tramposo recurso de legalizar facturas “irregulares” –obsérvese el eufemismo—por valor de más de siete millones de euros. Con lo que ocurrido en ese Ayuntamiento, pionero en este generalizado deporte de las facturas falsas, se cierra, de este modo, el círculo vicioso, y nunca mejor dicho, que ha logrado rebajar la vida pública a cotas que hace poco eran todavía para muchos realmente impensables. Facturas de varias delegaciones, facturas por obras que nunca se ejecutaron, eran algo difícil de imaginar para el funcionariado antiguo y hoy el pan nuestro de cada día. En Sevilla, desde ahora, además, quedarán saneadas como si tal cosa. Si el “pacto de progreso” consistía en eso, no me digan que no es para llorar.

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