El dato es definitivo: el Gobierno manda ocho veces más guardias civiles a Cataluña que a Andalucía: ventajas de la influencia, por un lado, ruina del servilismo por el otro. Por lo visto, Interior piensa aplicar un reparto con ese criterio a la hora de distribuir la nueva promoción de agentes, con independencia de los números que acreditan la inseguridad andaluza, al margen de que la población andaluza sea mayor que la catalana. No habrá habido un solo candidato del partido en el Gobierno que no se haya comprometido frente al actual fracaso de la seguridad, pero a ninguno de ellos, por lo que se ve, preocupa que “su” Gobierno deja a Andalucía de lado a la hora de repartir equitativamente efectivos. Y la Junta, por supuesto, en el primer tiempo del saludo, firme en su puesto obediente, atenta sólo al interés partidista que en Cataluña inquieta más que aquí. Habrá que recordarlo cada vez que salten a titulares las malas noticias del ramo pero, en todo caso, éste no es más que un caso como otro cualquiera de preterición de nuestra autonomía. Cataluña tiene quien lo consentiría. Andalucía, evidentemente, no. 

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