Quizá no es del todo descabellada la tesis (muy difundida) de que los políticos no acuden en ayuda de la Justicia por la cuenta que, en muchos casos, les trae. Se mueren uno tras otro –y en paz descansen– los acusados e incluso condenados, dejando para siempre en el aire, no sólo su presunta impunidad, sino la improbable reparación económica a las arcas públicas. Con la muerte de su principal investigado, el exconsejero Ojeda, quedó abierto para siempre el interrogante del “caso Formación”. Y ahora, con la del churrero de El Pedroso introducido en un ERE por su vecindad con el famoso director Guerrero, para quien el fiscal solicitaba cuatro años de prisión, se va en silencio aguardando su sentencia. Así no habrá modo de frenar la corrupción. O quién sabe si es eso lo que se busca.

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