La decisión del Tribunal Supremo de enviar a la cárcel a dos cercanos colaboradores del alcalde de Sevilla, reos de haber falsificado facturas para allegar fondos electorales, marca un hito difícil de ignorar: ningún cargo público puede mantenerse en el poder en semejantes circunstancias ni ningún partido que de verdad esté por la defensa de la probidad democrática debe consentir que se mantenga. ¡Facturas falsas en el Ayuntamiento de la capital regional! Si el PSOE y la propia Junta no adoptan medidas ante este decisivo traspiés, se habrán quedado sin defensa posible a la hora de enfrentarse a la corrupción.

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