El ejercicio de la judicatura, cuando afecta a políticos o gente de postines, se ha convertido en un tiro al juez dentro de esta feria de los indiscretos. La juez de los ERE y las prejubilaciones falsas, Mercedes Alaya, ha tenido que ser “defendida”, a instancia de terceros, por el Consejo General del Poder Judicial ya en tres ocasiones de las insufribles presiones a que está siendo sometida por el Poder. La próxima, si llega a presentarse, tendrá que ser solicitada por ella misma, lo que no parece probable dada su entereza y tenacidad. La pregunta sería qué hace ese CGPJ cuando un consejero, que además es fiscal, o un desertor de las aulas que encima es senador, la acusan de falta de imparcialidad. Y la respuesta, tristemente, es: pues nada.

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