Pocos hechos tan inusitados como esas “recolocaciones” que, según la Guardia Civil, fueron el pan de cada día mientras duró el “régimen” anterior. Los jueces investigan ahora el caso de la Empresa pública Egmasa, “utilizada (políticamente) para la denominada recolocación laboral” o, según la UCO, “como otra agencia de colocación en la Administración”. Recolocaciones y jubilaciones falsas constituyen, como explicaba aquí ayer Antonio R. Vega, la cabriola suprema de una gestión partidista que no admite, seguramente, parangón con ninguna otra autonomía. La tortuga judicial está descubriendo, tardía pero cierta, la supina arbitrariedad de aquella Junta tanto tiempo avasallada por un partidismo corrupto.

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