Desde hace unos días viene repitiéndose en varios lugares madrileños y otros puntos del país cierto movimiento vecinal cuyo alarmante eco reivindicativo ha motivado al Gobierno para reprimirlo. Entiende la alarmada autoridad, no sin razón, que en un régimen de riguroso control como el que autoriza el “estado de alarma”, difícilmente encaja el derecho de manifestación, de suyo masivo o, cuando menos en algún grado, inevitablemente promiscuo. No es lícito impedir al pueblo que manifieste su entusiasmo o su malestar frente al Poder, pero está claro que, mientras dure el confinamiento de la población, la situación no permite aglomeraciones en la calle: la salud pública ante todo. En consecuencia, la policía cumple su deber impidiendo a los manifestantes romper la “distancia social” lo mismo si aplaude que si rechifla al Gobierno. A eso se atiene Marlaska –que, ante todo, es juez— para tratar de impedir al pueblo el sagrado derecho de gritar desde la calle lo que le dicte su conciencia.

Curioso, en todo caso, viniendo de este (des)Gobierno que se apoya lo mismo en quien respaldó los motines independentistas que en los herederos del terror etarra, por no hablar de ese socio bolivariano que –con permiso de Rubalcaba– ocupó la Puerta del Sol durante una “jornada de reflexión”, recurrió habitualmente al escrache lo mismo en la calle que en la Universidad y culminó su rebeldía cercando por las bravas el Congreso frente a la misma policía que hoy trata de reprimir a los “indignados” de enfrente.

Es decir, que los mismos que acorralaron persiguiendo hasta su puerta a una vicepresidenta del Gobierno o han impedido por la fuerza, una y otra vez, hablar a “los otros” en la Universidad, los que jalearon a los incendiarios de Barcelona y organizan caceroladas contra el Jefe del Estado, los mismos que asaltan iglesias y estiran el derecho a la libertad de expresión para dar cabida en él igual a la blasfemia que al insulto a la bandera o a la quema del retrato del Rey…, quieren impedir ahora a los exhaustos ciudadanos incluso expresar su malestar o su legítimo deseo de cambio político.

Bueno, la verdad es que si han osado “monitorizar” a la gente, o sea, colarse de rondón en la intimidad informática, no debería extrañarnos esta nueva vuelta de tuerca en manos de una “dictadura legal” que –desde la confusión más absoluta– nos mantiene en arresto domiciliario hace dos meses y pretende encerrarnos al menos otro mes más.

Los manifestantes reprimidos deben aceptar los protocolos sanitarios, de eso no hay duda, porque hasta a un Gobierno como éste, mantenido por escrachadores, le asiste el derecho y la obligación de protegernos frente a la pandemia. Lo que no puede ese Gobierno ni ninguno es amordazar a quienes, salvada la  famosa “distancia social”, quieran censurarlo en la vía pública. Donde las dan, las toman, dice un refrán inmemorial.

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