Los datos son concluyentes: Andalucía es la región española que, proporcionalmente, tiene más funcionarios, incluyendo Madrid, y eso, en momentos como el crítico que atravesamos, resulta cuando menos inquietante. La autonomía ha inflado las nóminas públicas, no sólo para garantizar clientelas partidistas, sino para aliviar una imagen del paro realmente tremenda, y esos excesos han supuesto una carga difícil de soportar para una sociedad cuya economía aparece cada día más desmantelada. Es excesivo que más de 17 trabajadores andaluces vivaquee en el Estado mientras el empleo se derrumba sin perspectivas de mejora.

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