No quiere el consejero de Educación, con toda la razón del mundo, aceptar que el (des)Gobierno encasquete desde Madrid a la autonomía la responsabilidad de establecer el número de suspensos con que el alumno malo o menos malo escale curso como si fuera bueno. Y lleva razón, sobre todo, porque esa providencia de la pértiga gratuita es, sin duda, lo que faltaba para rematar el imparable proceso de degradación de nuestra enseñanza. Bajar el listón es lo más cómodo para el político pero también lo más pernicioso para una peña cada día más instruida en sus derechos y menos en sus deberes, como vienen denunciando en masa los sufridos enseñantes. Quizá no sea descabellado buscar en el exiguo currículo de quienes hoy nos mandan la razón de esta sinrazón.