¿Es de verdad la reinserción el objetivo constitucional de la pena? No hay día en que no oigamos repetir ese argumento que ha llegado a convertirse en el “leiv motiv” de un cierto humanismo, que forcejea para extirpar de la opinión la idea de que la pena es un agravio que se hace a quien delinque, para tratar de reinsertarle, pero también para satisfacer a la parte ofendida y, sobre todo, para ejemplarizar a los demás. Ocurre, sin embargo, que algunos entre quienes más claman por reducirla a una medida integradora, se muestran luego igualmente clamorosos para exigir la libertad de delincuentes tan tremendos como los terroristas de ETA que ni siquiera han cumplido las penas, forzosamente veniales respecto a sus culpas. Leo en El Periódico de Huelva y en El Pais un titular estremecedor que no me resisto a reproducir íntegro –“Valverde contrata los servicios del criminal ultra Emilio Hellín”—, lanzado como una piedra contra la alcaldesa del pueblo, por haber contratado con una acreditada empresa en la que, por lo visto, trabaja, una vez saldadas sus cuentas con la Justicia, aquel que en su día fuera, en efecto, un criminal notorio. ¿Se puede exigir a un Ayuntamiento que investigue a los empleados de las empresas con las que contrata, lo hacen quizá las Administraciones Públicas? ¿Y se puede justificar ese titular en el que un ciudadano teóricamente “reinsertado” aparece, como si se tratara de un contumaz, con semejante sambenito? En la lucha política no vale todo: parece mentira que haya que recordarle algo tan elemental a medios de comunicación caracterizados como activos promotores de otras amnistías.

 

Es más que probable, por lo demás, que los responsables municipales de esa población ni siquiera conozcan, dada su media de edad, quien fue ese “criminal” cuya contratación se les reprocha con tan poco tino. España es muy olvidadiza cuando quiere pero tanto o más memoriosa a la hora de conservar intactos ciertos dardos envenenados. ¿Publicarían con el mismo alarde esos medios la noticia de que quien ha sido el controlador de los presos etarras, un tal Goioaga, ocupa un escaño en nuestro Senado representando al Parlamento Vasco a propuesta de Bildu? ¿Fueron tan beligerantes cuando Josu Ternera presidió nada menos que la Comisión de Derechos Humanos? En caso afirmativo lo celebraría tanto como lamento la gravísima imputación que esos medios le hacen gratuitamente a los gestores de un modesto Ayuntamiento.

2 Comentarios

  1. ¿Existe en Españala posibilidad de que todo ciudadano denuncie y lleve a los tribunales a alguien por una publicación cualquiera simplemente porque le parece contraria a la ley?
    A veces pienso que deberíamos tomarnos la justicia más a pecho y así tendrían más cuidado con lo que dicen los media.
    No sé quien es el señor Hellín, pero si ha pagado su delito y lamenta su acto tiene derecho a una vida “normal”.A menudo, tengo la impresión que en la prensa hay más desinformación que información.
    Besos a todos

  2. Esas maniobras bajas son propias de esta gente. Calumnia, que algo queda: ésa es su norma. Por supuesto, nunca contra las instituciones del PSOE.

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