Si la indemnización por despido improcedente la pagara el alcalde, todavía, pero que eche a quien quiera y le pase la factura a los vecinos, es demasiado. Y eso es lo que hace el alcalde de Aljaraque, decidido a excluir a rajatabla de sus plantillas públicas a todos y cada uno de los trabajadores que no sean de su cuerda partidista: aceptar la improcedencia y pagar con dinero de todos ese injusto capricho suyo. En la vida laboral pública, por lo demás, no debería admitirse ese truco del despido improcedente para librarse de “diferentes” políticos y pagar la clientela propia. No es justo que la hegemonía de un partido la paguen los ciudadanos y no el propio partido.

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