La Junta ha iniciado su segundo asalto en su combate con las tabaqueras –Philip Morris, Canary Island, Altadis, Cita y JT Internacional: el 90 por ciento del mercado andaluz—ahora por la vía contencioso-administrativo, ya que la vía civil quedó cerrada a cal y canto por la Audiencia de Madrid que estimó aquella demanda carente de todo fundamento. Sostiene la Junta –y ya veremos qué le cuenta Chaves a los cultivadores de tabaco o cómo justifica que “su” Gobierno (que es el de todos) cobre impuestos por un tubo a esa empresas—que las tabaqueras causan 10.000 muertes anuales sólo en Andalucía y que provocan un tremendo gasto sanitario con sus efectos dañinos sobre los fumadores, concretamente, reclama 1’77 millones de euros en concepto de indemnización por la atención sanitaria prestada al menos a 135 personas dañadas. Ya veremos qué dicen los jueces, pero es de sentido común insistir en que no se puede repicar y dar trigo, lo que en este caso quiere decir que algo deberá inventar Chaves para contarle a los cultivadores y algo para justificar la fiscalidad del Gobierno sobre productos nocivos.

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