No me parece que sea tan relevante que el Gobierno explique qué hacían dos viviendas de protección oficial convertidas en nidos de espías como que justifique cómo es posible que un servicio secreto pueda ser descubierto por los vecinos de la escalera. Que hubiera espías permanentes en Huelva sugiere, desde luego, que algo importante podría cocerse en la provincia, pero si es así, ya me dirán qué lógica tiene que la infraestructura utilizada pueda ser descubierta y denunciada en público por el primero que se lo preponga. Lo grave de lo sucedido en Huelva no es tanto, por supuesto, el compadreo patrimonial entre Administraciones públicas ni el mal uso de esos bienes destinados a los ciudadanos, como la inconcebible precariedad de un servicio básico para la seguridad de todos. Eso es lo que debe ser explicado ante todo por sus responsables y no la anécdota del mal uso de las VPO. Porque lo que es evidente es que los eventuales vigilados en Huelva harán tomado buena nota de esta ocurrencia sólo explicable por la condición de aficionados de algunos altos responsables. 

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