No debe de ser una excepción el caso descubierto en Valverde del Camino, a saber, el de una empresa mercantil con capital municipal que ha perdido 24’5 millones de euros en ocho años (casi dos y medio en el último ejercicio) a pesar de no haber dado un palo al agua durante ese tiempo en materia de fomento de la construcción de VPO, viviendas sociales y polígonos industriales, que era su objeto. Más bien podría ser un paradigma de esta ruinosa política perpetrada desde la impunidad más absoluta y fuera de cualquier lógica administrativa. ¿Quién paga por derroches semejantes, de los que hay cientos en nuestras Administraciones? Nadie o casi nadie. Y ahí radica, con toda seguridad, la causa del disparate.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

limpiar formularioMostrar los comentarios de la entrada

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.