La investigación sobre el fraude a la Seguridad Social que se lleva a cabo en Granada cuenta ya con 180 detenidos, cifra que habla por sí sola de la condición masiva de esa delincuencia especializada en el robo a los fondos previstos para el socorro del parado. Cuatro millones y medios se ha llevado, al parecer, esa mafia que sólo es concebible en una circunstancia como la nuestra, es decir, en una sociedad subvencionada a tope en la que no debe de resultar más que difícil controlar al legítimo beneficiario y distinguirlo del fraudulento. No funciona un sistema de previsión que permite que se le cuelen defraudadores arracimados, ni un sistema penal que no se decida a poner ante quienes sientan esa despreciable tentación sanciones disuasorias.

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