El Gobierno de la nación vuelto a ocupar en Sevilla sus despachos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), con funcionarios y todos, lo que da una idea de la precipitación con que se han venido haciendo en los últimos tiempos estas maniobras políticas. La decisión era obligada tras la sentencia del Tribunal Constitucional que, en marzo pasado, echaba por tierra las pretensiones de gestión exclusiva sobre ese río interprovincial sin dejar resquicio para componendas. Por ello se ha aprovechado el inacabable “puente” de la Constitución y la Inmaculada con la intención de hacer el menor ruido posible. Un gran fracaso que la Junta podía haberse evitado con un poco más de mano izquierda y un poco menos de inútiles humos.

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