Pocos casos de lealtad ciega al jefe y benefactor como el de la consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo respecto al presidente Griñán, cuya eventual responsabilidad en el negocio de las prejubilaciones fraudulentas asume íntegra al testimoniar que ella no lo informó de un informe de la Intervención que nada menos que avisaba de que Empleo había generado obligaciones para la Junta sin cobertura presupuestaria, que el procedimiento administrativo de la consejería resultaba inadecuado o que la deficiencia observada podría alcanzar a “práctica totalidad” de los expedientes. Ella sabrá lo que hace y dice pero se lo ha puesto más fácil todavía a la jueza instructora.

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