Poco puede aportar a la imprescindible normalización de la vida política andaluza la implacable actitud de la Junta frente a los funcionarios que, en virtud de su presumida independencia, osan abrir las ventanas o tirar de la manta en los despachos de la autonomía dentro del “caso ERE”. Tres son ya los expedientados oficialmente pero se dice que muchos más los que han visto perjudicada su situación tras manifestarse a favor de aclarar lo que alguno de ellos ha llamado –¡en el Parlamento!—“el negocio del siglo”. Y entre ellos hay hasta un “testigo protegido” (¡), lo que dice muy poco de la discreción política y administrativa. El “régimen” no tolera rebeldes ni los ha tolerado nunca, como corresponde a su condición. ¡Un partido, una Administración y una Verdad! Esa triple consigna es injustificable pero es la que hay.

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