Con motivo de la acusación, al parecer sin base alguna, lanzada contra Teófila Martínez por un edil del EL Puerto de Santa María, exigiéndole responsabilidad por una licencia urbanística concedida cuando ella no pertenecía ya el Ayuntamiento, se está oyendo hablar de algo en lo que la ciudadanía venía rondando ya hace mucho tiempo: de la responsabilidad económica de los gestores públicos que causen daños económicos al común. ¿Debe pagar un alcalde o un concejal de urbanismo lo que el Ayuntamiento perdió por su grandísima culpa una vez declarada tal por los tribunales? Esta feliz novedad ha caído como un tiro en una opinión que nunca comprendió esta impunidad que asiste a quienes –con beneficio propio o sin él—dañan la economía pública. Y como una bomba en los despachos políticos –no sólo en Marbella, sino en El Puerto, en Punta Umbría, en Estepona, en El Algarrobico y en cien lugares más—y en las covachuelas de partido. Ver a un responsable pagando el daño causado de su peculio sería una raya en el agua, ciertamente, pero también un paso decidido (que no me creo ni loco) en la buena dirección.

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