Leo: “La Junta ha estado pagando prejubilaciones de manera ilegal durante casi una década”. O esto otro: “Los consejeros Viera y Fernández firmaron en 2001 un convenio que permitía eludir la ley al adjudicar ayudas sociolaborales a empresas”. Y me pregunto estupefacto cómo es posible tanta impunidad, qué necesita la Justicia para sancionar a unos políticos presuntos responsables de acciones que hubieran dado con los huesos de cualquier ciudadano en la cárcel, y de paso, qué necesita el Poder político para reconocer sus propios abusos y pagar por ellos. La corrupción parece ya inseparable de la política. Que no se quejen aquellos a los que correspondería evitarlo.

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