El consejo de Gobierno ha acordado en Andalucía ampliar el derecho de las personas discapacitadas a acceder a lugares públicos acompañados de sus perros-guía sin restricción alguna, decisión que encaja franciscanamente con el hecho de que, desde el miércoles que viene, esas útiles mascotas serán consideradas jurídicamente como “miembros de la familia”, de modo y manera que el juez dispondrá, en caso de desacuerdo, quién será considerado dueño del can y quién el obligado a costearlo. Los derechos de los animales, tan incuestionables, prosperan a ojos vista, animados por una diligencia política y administrativa que no dejará de parecer a algunos superior a la que se ocupa de los propios derechos humanos. La familia tradicional se amplía, en todo caso, justo cuando se anuncia su descrédito en el manicomio postmoderno.

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