No se puede estar conforme con el drástico debut exactor del Gobierno. A pesar de lo que proclamara Tierno, los programas electorales están para cumplirse y no para invertirlos al día siguiente de ocupar el poder. Ahora bien, la pregunta es qué puede hacer un Gobierno –cuya extrema dificultad acepta todo el mundo– si se encuentra, encima, con que el Gobierno anterior había falseado las cuentas de manera que el déficit público ha resultado no ser del 6, como aseguraba el anterior, sino del 8 por ciento, y la respuesta es, probablemente, que nada distinto de lo que ha hecho, aparte de lo que venga. Pero hay todavía una pregunta y se refiere a la responsabilidad de los políticos que falsean las cuentas, esconden la deuda o falsifican facturas cuando no despilfarran en gastos incalificables. Y la pregunta es ésta tan elemental: ¿qué le ocurriría a un empresario particular si falseara el balance, ocultara sus deudas o falseara facturas? Pues ignoro con qué pena, pero no me cabe duda de que sería sancionado gravemente por cualquier tribunal, como probablemente lo sean en su momento un ex-ministro presuntamente cohechador y un miembro de la Casa Real al que se atribuyen prácticas empresariales intolerables. ¿Que son las flamantes autonomías del PP las responsables del agujero? Bueno, y qué: sea quien sea el culpable –y no es verosímil que las autonomías del PSOE o las nacionalistas leviten por virtuosas– lo cierto es que el Gobierno ha ocultado el desastre hasta que ha perdido las elecciones y eso cuesta entender que, en el caso de que no sea constitutivo de delito, no implique al menos una responsabilidad grave.

Porque aquí no sólo vemos a un Gobierno falsificar las cuentas públicas, sino que han dejado de ser noticias las facturas impagadas encontradas en las gavetas para pagar las cuales hay Ayuntamientos –como el de Sevilla– que viene aprobando uno tras otro créditos para poder abonarlas a los acreedores. ¿Y nadie es culpable de ese disparate, o es que hemos de conformarnos con la absurda teoría de que la pérdida de las elecciones vienen a ser como un rito lustral tras el cual quedan limpias todas esas manos negras? Se pregunta el personal, con razón, por qué rige esa impunidad para los políticos en los mismos supuestos en que los particulares son castigados con implacable severidad. Y por qué el Gobierno sorprendido por el estafón contable no acude al fiscal para que opine sobre qué habría que hacer con esos administradores desleales para quienes, al parecer, no cuenta la Ley. Rajoy debería hacer algo más (si puede, que ésa es otra) por darle cumplida respuesta a esta justa y lógica inquietud ciudadana.

6 Comentarios

  1. Emplea usted la expresión adecuada: administración desleal. Certificar un déficit menor del real me parece que no cabe dentro de la Ley. Otra cosa es cómo se aplica la Ley en un ncolectiovo en el que todos están de parte de la impunidad.

  2. Si ocultar el décifit y falsear la contabilidad correspondiente no es delito, díganme qué lo es. El problema es que no creo que los sucesores estén por la labor de empapelar a los predecesores. Hoy por tí, mañana por mí…

  3. Creo que se equivocan quienes ven en esta energía indisimulada un error electoralista. La gente sabe lo que está ocurriendo, aunque sea de lejos, de oídas, y también que sin sacruificios no salimos de esta. De la Merkel de ha dicho de todo esta temporadac pero ahío tienen el excelente balance de la recuperación del empleo alemán que se acaba de conocer. Sobre la responsabilidad, completamente conforme contigo, querido ja: mientras no se introduzca la del político gestor, esta serranía bandolera no tendrá arreglo.

  4. Claro como el agua: el que falsea un balance… Pero no se hagan ilusiones porque entre ellos se entenderán, van a verlo enseguida.

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