El caso del futuro del PSOE a la alcaldía cordobesa, Rafael Blanco, haciendo y deshaciendo decisiones administrativas con el visto bueno de la Junta y del Gobierno a pesar de no ser políticamente nadie en este momento, demuestra que la lucha electoralista agota enteramente la razón política. ¿Cómo se puede puentear al Ayuntamiento legítimo de la capital, con qué derecho se faculta a un señor particular (que eso y nada más es, por el momento, el futuro candidato) a presumir de ser el “desbloqueador” de proyectos que, a la vista de los visto, todo hace pensar que habían sido bloqueados por las autoridades responsables para facilitar el lucimiento del futuro mesías salvador? La utilización de las instituciones autonómicas para su propaganda electoral que hace sin disimulos la Junta debería tener una respuesta parlamentaria, pero ya que esta resulta aritméticamente imposible tal vez fuera bueno que se dilucidara incluso si es legal que un ciudadano particular ejerza la autoridad que no puede tener con el visto bueno de la Junta.

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