Junto a quienes critican un presunto poder excesivo en manos de los jueces, proliferan otros que ven sus facultades reales no poco limitadas frente a los otros poderes del Estado. Ya me dirán que significa eso que dIce una ministra de que la sentencia del TC sobre el Guadalquivir se aplicará “desde el diálogo” o como puede tragarse la negativa de la Junta a entregar a jueza unas actas imprescindibles para determinar la circunstancia de los actos de gobierno cuestionados. El ciudadano medio se desconcierta entre la idea de que los jueces son casi omnipotentes y la de que mandan muy poco cuando se enfrentan a Gobiernos y Parlamentos. Aclarar ésa cuestión es, posiblemente, una de las asignaturas pendientes de esta democracia amenazada.

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