La oposición andaluza acaba de denunciar los graves problemas que afectan al colectivo de enseñantes de la comunidad autónoma, peor pagados que la mayoría de sus colegas (cobran 400 euros menos que los vascos), sobrecargados de trabajo por defecto de los sistemas de sustitución vigentes y, en fin, desprotegidos legalmente frente a la oleada de agresiones e insultos que reciben. En este sentido, se pide la declaración de “autoridad pública” de que ya gozan en Madrid o Valencia de manera que las agresiones en cuestión puedan ser perseguidas como delitos de atentado. Muchos problemas, demasiados, que es de temer, además, que entre las estrecheces de la crisis y los pruritos partidistas se queden como están.

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