No entro en detalles sobre la situación del funcionario que denunció el saqueo de los fondos de formación. Me quedo con su figura, que no es nueva, sino clásica ya en la Junta autónoma: la del trabajador público siempre sospechoso al político que ve en la Administración su propiedad privada. Arrinconar a un funcionario, condenarlo al ostracismo y dejarlo mano sobre mano es un hábito tan viejo como la autonomía que, por supuesto, no constituye novedad, pero que la Junta de Andalucía aplica con rigor cuando aquel no es “uno de los suyos”. ¿Que existe un delito llamado “mobbing”? Ya: que se lo cuenten a Teodoro Montes o a tantos antecesores suyos. El trágala de los funcionarios explica mejor que nada los desmanes del “régimen”.

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