La Junta, en concreto la consejería de Igualdad y Bienestar Social ha sido condenada por dos veces a causa de su arbitraria manera de jugar con las contrataciones de sus trabajadores. En este caso se trata de “préstamos” que suponen fraude legal a alguna empresa privada seguidos del despido final cuando le ha venido en gana a la Administración, pero no faltan casos si cabe más graves como el de los despidos de trabajadoras por parte del Instituto Andaluz de la Mujer tras muchos años de sometimiento a contratos que finalizaban en diciembre y se renovaban en enero, casos que también le están costando a este organismo el varapalo judicial y la obligación de readmitir. Este pitorreo contractual se debe a que la política de personal de la autonomía ha sido desde sus orígenes un instrumento clientelar en manos del partido en el gobierno y los jueces lo saben. Quizá por eso ahora empiecen a caerle sentencias encima a una Administración que, a la vista está, le da lo mismo lo que pueda llover del cielo. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

limpiar formularioMostrar los comentarios de la entrada

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.