En Aljaraque el alcalde sociata está haciendo lo mismo que su colega tránsfuga de Gibraleón: echar a la calle a los trabajadores contratados en su día por el PP. El pesebre para el que lo controla, en definitiva, aunque los costes de esa injusta actitud hayan de soportarlos los trabajadores injustamente despedidos y pagarlos de su bolsillo los contribuyentes. Carecen de la más mínima idea de la continuidad administrativa, profesan un concepto patrimonial del poder que los priva moralmente de toda autoridad. Y les da igual que los tribunales los condenen, como los están condenando, primero porque de lo que se trata es de estabular a los clientes propios y, segundo, porque, como va dicho, ellos no pagan las indemnizaciones. La política se ha convertido en una profesión que no requiere otro mérito profesional que tener el carné oportuno.

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