La Inspección que se lleva a cabo en los Juzgados de Sevilla con motivo de la actual crisis de la Justicia ha dejado claro, por fin, que no se trata sólo de errores aislados imputables a los jueces y fiscales sino que la responsabilidad por el caos de esas oficinas recae también sobre al Junta de Andalucía que es la institución que, en primera y última instancia, debe proveer las necesidades de esa Administración transferida. ¿El fondo de la cuestión? Hay que repetir que de lo que se trata es de que la Junta no invierte en Justicia porque esa inversión, invisible para el gran público, no es electoralmente rentable. Así de sencillo. De esta crisis convendría salir poniendo en su sitio a los profesionales pero también exigiéndole a la Administración autonómica que renuncie a sus intereses partidistas en un sector que afecta tan gravemente a la vida social. No es fácil decidir a quién habría que endosarle la muerte de Mari Luz o tantos otros fracasos, pero sí lo es sostener que los Juzgados deben ser asistidos sin cicatería. Con lo que la Junta se gasta en propaganda habría de sobra para darle la vuelta a esta insostenible situación.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

limpiar formularioMostrar los comentarios de la entrada

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.