El recurso al desuso

La democracia española está usando y abusando esta temporada de uno de los recursos más viejos y acreditados de la vida jurídica: el desuso de la norma. Las leyes, como todo en la vida, requieren ser usadas para permanecer vivas y se ajan hasta arruinarse definitivamente cuando, con motivo o sin él, se las aparca en el alpende del ordenamiento en espera de que el olvido consume su tarea. El desuso tiene, como es natural, su literatura, pero no hay por qué dejarse en ella las pestañas cuando tan fácil resulta entender para cualquiera que un mandato que deja de aplicarse sistemática e impunemente acaba por perder toda entidad reducido todo lo más a su cáscara vacía. La colección de postales de Ayuntamientos sin bandera española que este diario está teniendo la paciencia de publicar día tras día demuestra, desde luego, que esa ley vigente no se cumple en España simplemente porque sí, o sea, por decisión cimarrona e ilegal de una autoridad que se arroga facultades pertenecientes a otra, pero también es verdad que no sólo una ley sino los propios grandes principios en que se asienta la lógica jurídica pueden caer en desuso si el Poder se lo propone y no existen o no funcionan los mecanismos encargados de preservar su integridad: ahí tienen por los suelos el principio obvio (ZP añadiría que tautológico) de que nadie puede esquivar la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, incumplido soberanamente por un gobierno regional que no ha hecho más, justo es decirlo, que reproducir lo que ya hiciera el de la nación, es decir, no ejecutarla y dejar correr el tiempo. No es imprescindible abolir una ley para conseguir su neutralización, como puede verse, pues basta con consentir que la devore la carcoma del desuso. Con un poco de mala voluntad no hay problema que valga en una democracia tocada del ala.
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Los políticos se suben por las paredes cuando se alega contra estas maniobras el derecho simétrico que asistiría a los ciudadanos a decidir que leyes se cumplen y cuáles no –en especial ese sueño del contribuyente que consiste en recibir servicios sin pagar tributos– y ello es así no sólo porque adviertan la incongruencia de una licencia semejante, sino porque comprenden que el desuso encierra en sí mismo, inevitablemente, el germen de la ilegitimidad. La indiscriminación dinástica de la mujer, la obligatoriedad de los símbolos del Estado o la obediencia a los tribunales no pueden decaer por la decisión unilateral de ignorarlas sino que requieren ser derogados por el mismo poder que los estableció, y no es en absoluto cierta ni jurídicamente posible la pretensión de anularlos o invertir su sentido por el sencillo método de recurrir al desuso. Que ninguna ley puede satisfacer a todos es algo que bien sabía ya el romano: su razón se funda tan sólo en el bien de la mayoría. Otra cosa es que el precepto se juzgue impropio y se proceda a derogarlo por parte de quien esté legitimado para ello. “Patere quam ipse fecisti legem”, sufre el peso de la ley que hiciste tú mismo, dice el viejo derecho a los tramposos del desuso, lo que supone considerar a toda institución del Estado, cualquiera que ésta sea, como parte de un todo fatalmente solidario cuya legitimidad depende de su propia observancia de lo preceptuado. El desuso se ha convertido en la coartada vergonzante de una democracia cada día más alejada del modelo tocquevilliano, en la mísera trampa de un régimen de libertades empeñado en organizar su propio suicidio a base de renunciar a sus principios elementales, ante la indiferencia de un electorado cuyo cinismo prospera a medida que mengua la ilusión del autogobierno. Un espíritu autoritario como el de Richelieu decía más o menos que hacer una ley y permitir su incumplimiento es lo mismo que autorizar lo que se proponía impedir con ella. El peso de la razón puede anular, como puede verse, la distancia entre el absolutismo y la libertad.

Presidente vitalicio

El los mentideros verídicos de la política andaluza se cuenta que, con motivo de su primera aparición en carne mortal en Andalucía, ZP prometió por sus mengues en un mitin para consumo interno una serie de medidas entre las que descollaba su pretensión de limitar los mandatos políticos. ¡Imaginen la broma! No diré qué factotum del sociatismo indígena, que ya aparecía en la foto e Suresnes, lo pilló aparte nada más caer el telón para hacerle ver su ingenuidad y lo impropio que resultaba que hubiera venido a oponer esa era precisamente en este virreinato vitalicio. Antier Chaves era reelegido por el Comité Federal de su partido, una vez más, como candidato a la presidencia de la Junta andaluza, demostrando que una cosa es predicar y otra dar trigo, o lo fácil que resulta en política vender la renovación de lo que sea cuando no existe la menor sanción a los incumplimientos de compromisos. Aquí no hace falta, como en otras partes, ni modificar la Constitución para virreinar de por vida. Al fin y al cabo Jauja está aquí,

El festival, en buen camino

Parece que, al fin, un director del Festival de Cine onubense da con las claves locales y, de paso, logra limar asperezas entre esos agentes y Administraciones tradicionalmente a la gresca, que a punto han estado de tirar por la borda uno de los activos culturales más importantes de la provincia. En la Gala de presentación que ayer tuvo lugar se notaba el efecto de esos buenos oficios y de ese buen hacer de XXXXX Trías, un director que ha sabido implicarse en nuestra vida pública y no se ha tomado la dirección como un “encargo” subsidiario. Buen comienzo, desde luego, y mejores perspectivas que han de notarse enseguida en un ambiente tan delicado como el que rodea a esa muestra. Huelva no puede permitirse poner en riesgo un Festival tan acrisolado como merecedor del respeto dentro y fuera de la tierra. Y Trías parece que así lo han entendido. Una buena razón para la esperanza en el futuro de lo que a todos nos pertenece.

El doble domicilio

Respetuoso e indiferente ante la noticia del divorcio de la infanta, hay algo en ella, sin embargo, que me parece interesante, y es la inmediata distribución de su unidad familiar en dos domicilios diferentes. Los Marichalar, como tantos españoles, poseían dos domicilios, por lo visto, y todo indica que mantenían uno de ellos cerrado a cal y canto, por si las moscas, algo que podía haberles costado caro de salir adelante el proyecto sociata de castigar la “propiedad ociosa” que parece haberse quedado discretamente en agua de borrajas. Cada pareja que se separa añade un dígito a la demanda de vivienda, como ya comenté aquí hace tiempo, lo que resulta tremendo cuando se mira de cerca esa estadística, puesto que, al menos en números redondos, el crecimiento disparado de las rupturas matrimoniales supone un aumento de aquella demanda probablemente imposible de atender incluso juntando la iniciativa privada a la pública. Consideren los números. Si en España y en un solo año, el de gracia de 2006, se han separado más de 211.000 parejas, quiere decir que la oferta de alojamientos disponible se verá abrumada de modo súbito por un número de solicitudes aproximadísimo a ése, algo que tal vez no fuera tan grave si se tratara de un hecho insólito, pero que resulta fatal si, como es el caso, a semejante ejército de provisionales “sin techo”  ha de sumársele el millón aproximado de separaciones registrado en los cuatro años anteriores. No es la Iglesia, a mi juicio, la institución más legitimada para lamentar el espectacular fracaso del matrimonio, sino el flamante ministerio de la Vivienda. Tengo para mí que este auge de la inconstancia, al margen de cualquier otra consideración moral o sociológíca, será el factor que mantenga los precios inasequibles que rigen actualmente en ese mercado. Mientras la unidad de la familia siga en almoneda, promotores y propietarios pueden dormir tranquilos.
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 Hemos pasado, en consecuencia, de una comunidad tradicional en la que la ‘familia extensa’ agrupaba bajo el techo patriarcal a los vástagos casados hasta perfilar una cierta caricatura de del clan originario, a una sociedad individualista que lleva camino, no ya de reclamar una vivienda propia por pareja, sino dos, hecho paradójico si se considera que, al mismo tiempo, la larga permanencia de los hijos junto a sus padres, que las circunstancias actuales imponen, sugiere, aunque sea con trazo impreciso, la silueta del viejo modelo que veníamos creyendo definitivamente superado. Lo único seguro es que de seguir la actual progresión, como es previsible, lejos de aliviarse la demanda de casa propia, se verá incrementada sin remedio por las nuevas cohortes de cónyuges separados. Y si es cierto que en España se separan o divorcian hoy al año tantas parejas como se casan, no resulta difícil postular una auténtica revolución del modelo social admitido hasta ahora. No se me ocurre qué podría hacer la autoridad del ramo para proveer de viviendas no solamente a ese creciente ejército sino, además, a la legión juvenil que, por su lado, reclama también su territorio propio como un derecho incuestionable. Lo que sí tengo claro es que en algún punto falla la cadena lógica que en esta sociedad nuestra engarza necesidades y derechos sin demasiadas contemplaciones. Es probable que ni aún sacando al mercado la presunta masa de viviendas vacantes, fuera posible atender a semejante necesidad, lo que tal vez nos esté indicando que el modelo de organización social vigente no encaja ya ni de lejos con las exigencias planteadas por una realidad bien distinta a la convencional. Ni el minimalismo de la ministra Trujillo ni el rugido leonino de Girón de Velasco podrían hoy gran cosa frente a la fuerza de las cosas. Quizá estemos pisando el umbral de un nuevo mundo y no nos hayamos enterado. Después de todo, tampoco se enteró Colón.

A buenas horas

Tras la ocurrencia de llevar al Congreso su extravagante pregunta sobre el borbonazo, el PSOE ha decidido –¡a buenas horas, mangas verdes!– declarar extraño al diputado que ya se hiciera medio famosillo por la hilarante proposición de ley de derechos de los grandes simios. Truco por truco, Garrido ha fingido discrepar con el partido que lo hizo diputado, igual que éste ha venido simulando durante toda la legislatura no tener en cuenta su fingida singularidad, y ahora, quién sabe si incluso de común acuerdo, uno y otro representan el paso honroso de la separación política. Lo comido por lo servido, pues, ya que Garrido le ha proporcionado al PSOE alguna ventaja electoral y cierto nimbo ecologista, mientras el PSOE le pagaba a él con su bien pagado escaño. En paz, pues. Ya veremos qué nueva fórmula se inventan ahora ambas partes de cara a las próximas elecciones. 

¿Otro ‘caso Doñana’?

Seguro que no, seguro, o casi, que la Junta contestará en tiempo y forma a la dura denuncia de la Comisión de Representantes de Sociedades del Plan Almonte-Marismas, según la cual la Administración autónoma habría propiciado un colosal negocio en la comarca protegida, permitiendo que unos particulares se hicieran a un precio irrisorio con una finca que les habría producido luego fabulosas plusvalías. Estas cosas no deben dejarse pudrir en el silencio sino que deben ser aclaradas a los ciudadanos, con independencia de que la oposición tendría que llevar al Parlamento el asunto, aunque sólo fuera a título testimonial. Sería tremendo repetir, con el guión modificado, el caso de evidente favoritismo que, en los albores de esta democracia regiminista, inauguró la crónica de los trapicheos respaldados desde el poder político, aquel “caso Doñana” que se tapó como se pudo pero que alcanzaba hasta donde alcanzaba.